En los últimos meses que cerraron el 2010 las reuniones entre Gobierno y sindicatos para intentar acordar las reformas anticrisis se presentan como varios ultimátum. <<O se llega a acuerdos, o huelga general>>, anuncian en repetidas ocasiones los que se supone que "velan" por los derechos de los trabajadores.
Este fin de semana estaba propuesto como una de las últimas oportunidades para que llegaran a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones, aunque también hay otros obstáculos como el despido objetivo. Si en estas reuniones hay posibilidad de acuerdos, el Gobierno seguirá manteniendo este tipo d encuentros hasta que defina el proycto de ley sobre la reforma de las pensiones el 28 de enero.
El Pacto de Toledo, en el que se fijó la edad de jubilación, no está por la labor de retrasar la edad de junilación hasta los 67, como propone el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La fecha para que eso ocurra se estipula en 2027, pero los acuerdos con los representantes de los trabajadores, UGT y CCOO, podría alargar más ese plazo de la nueva edad de jubilación. El otro debate que se abre ahora es la posibilidad de que haya diferencias respecto a las profesiones: los que desempeñen tareas más complejas podrán jubilarse de forma anticipada y los que realicen carreras de cotización larga hasta los 65 años.
Si hay algo que queda claro es que de ahora en adelante, salgan como salgan las reformas, es que hay un nuevo universo de demografía y esperanza de vida, y que los años cotizados necesarios tendrá que superar bastante a los años de jubilación. La otra cara de esto es que si hay más personas mayores trabajando, ¿qué ocurrirá con las generaciones jóvenes que necesiten ocupar puestos de trabajo?
Claves para entender el sistema de pensiones
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sábado, 8 de enero de 2011
viernes, 31 de diciembre de 2010
Un horizonte económico para los hogares muy crudo
Es lo que avecina la llegada del próximo año 2011. Una lista de recortes en materia de ayudas y otra, de índole muy diferente, de subidas en múltiples tarifas. Las familias tendrán que apretarse aún más el cinturón de lo que lo hayan hecho ya. Habrá subidas de tarifas generalizadas de la luz o el transporte y congelación de salarios y pensiones entre otras medidas.
Los trabajadores de la Administración Pública sufrirán, junto con el recorte de junio del 5%, la congelación de los salarios con el nuevo año. Por otro lado, el Gobierno, que prometió subir el salario mínimo interprofesional a los 800 euros en 2012, a fechas actuales solo lo ha conseguido aumentar hasta los 641 euros. De ahí que los dos sindicatos, UGT y CC.OO., hayan criticado a la baja la medida.
Aunque en 2011 las pensiones mínimas subirán un 1%, la mayoría de los 8,7 millones de pensionistas que hay en España tendrán congelada su renta.
Entre los últimos coletazos de estas medidas para reducir el ajuste fiscal y cumplir las peticiones de la Unión Monetaria y que se irán también con el final del 2010, está el cheque-bebé. Los 2.500 euros desaparecerán de las próximas embarazadas.
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Los trabajadores de la Administración Pública sufrirán, junto con el recorte de junio del 5%, la congelación de los salarios con el nuevo año. Por otro lado, el Gobierno, que prometió subir el salario mínimo interprofesional a los 800 euros en 2012, a fechas actuales solo lo ha conseguido aumentar hasta los 641 euros. De ahí que los dos sindicatos, UGT y CC.OO., hayan criticado a la baja la medida.
Aunque en 2011 las pensiones mínimas subirán un 1%, la mayoría de los 8,7 millones de pensionistas que hay en España tendrán congelada su renta.
Entre los últimos coletazos de estas medidas para reducir el ajuste fiscal y cumplir las peticiones de la Unión Monetaria y que se irán también con el final del 2010, está el cheque-bebé. Los 2.500 euros desaparecerán de las próximas embarazadas.
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lunes, 22 de noviembre de 2010
Irlanda se rinde ante la presión europea y pide el rescate
Dublín necesitará 80.000 millones de euros y ya ha anunciado los recortes sociales que precisará para pagarlos. Irlanda es el segundo país que entra en bancarrota en la zona euro en medio año tras la debacle de Grecia en mayo. Más que de una crisis independiente hablamos de una crisis del euro, de una moneda única que no es capaz de salir adelante en un marco con muchas peculiaridades de cada país.
Después de una semana resistiéndose a ser rescatado por el Fondo Monetario Internacional, debido al descrédito y a la incertidumbre especulativa que en los mercados europeos podría producir, ayer el Consejo de Ministros irlandés pidió un crédito de unos 80.000 millones de euros, que puede ser devuelto con un 5% de interés. El pinchazo de una burbuja inmobiliaria que ha llegado a sus máximos, una renta per cápita más alta que la alemana y la concesión de préstamos bancarios a intereses bajísimos han llevado al país a una situación ficticia de la que ha resultado una enorme deuda y la incapacidad de hacerle frente. Irlanda es un país cargado de deudas. Públicas, pero sobre todo privadas: las familias, las empresas y los bancos están endeudados hasta las cejas tras una burbuja inmobiliaria que se fue hinchando durante más de 10 años de crédito fácil y barato. La deuda y el déficit de Irlanda sobrepasan los límites impuestos por la Unión Europea.En un principio, Alemania mostró su rechazo a rescatar a Irlanda, lo que le hizo ganarse un toque de atención por parte de la Comisión Europea, advirtiéndole de que el crecimiento alemán también depende de la estabilidad de sus socios. Se vislumbraba entonces un escenario de gran incertidumbre y especulación ante la tardanza del rescate, como lo produjo la respuesta definitiva a Grecia. Pero sus principales acreedores, como Londres, ya están preparados para prestar el dinero necesario a Irlanda.
El coste de la deuda irlandesa se ha disparado en los mercados y el agujero de los bancos se ha convertido en un problema "demasiado grande para el país", reconoció el ministro de Finanzas, Brian Lenihan. Para empezar la solventar la crisis económica del Tigre Celta, el Gobierno aprobó un paquete de recortes tasado en 6.000 millones el año próximo y un total de 15.000 millones -el 10% del PIB- en los próximos cuatro años.
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